El caso Hermosilla son dos causas en un solo paquete: Audios y Factop
Caso Audios
El caso «Hermosilla», denominado convenientemente «audios» por una prensa oficial más preocupada por hacer relaciones públicas en vez de periodismo, ha sacudido a Chile al revelar una red de corrupción y fraude que expone serias deficiencias en el sistema de regulación financiera, así como una peligrosa relación entre los poderes del Estado, lubricada por las intrigas venecianas tejidas por "prestigiosos abogados de la plaza", como el señor Hermosilla y sus asociados. En resumen, la trama involucra la creación de una asociación dedicada a la emisión de facturas ideológicamente falsas, utilizadas para obtener financiamiento a través de factoring. Este dinero no solo se destinó a fines comerciales, sino también al soborno de funcionarios públicos, agravando aún más la situación.
Este caso pone en evidencia la falla de los mecanismos de control y regulación que deberían haber prevenido estas actividades ilícitas. En primer lugar, resulta alarmante que no se hayan reportado movimientos sospechosos de abonos sucesivos en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los bancos, ni en los informes que deben enviarse a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Las actividades que formaban parte del modus operandi de esta red deberían haber generado alertas inmediatas y desencadenado una investigación más profunda.
Además, la dependencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) del nombramiento presidencial plantea serias dudas sobre la independencia y eficacia de esta institución en la fiscalización de actividades fraudulentas. La posibilidad de interferencias políticas debilita la capacidad del SII para actuar con imparcialidad y rigor en casos que involucren a individuos con conexiones políticas, como es el caso del abogado involucrado en esta red. Lo mismo se aplica a los honorabilísimos jueces de nuestras cortes, quienes, al igual que la justicia que representan, parecen ciegos para detectar conductas irregulares por parte de influyentes senadores o abogados, muchos de los cuales conocen personalmente.
Para complicar aún más la situación, no contribuyen las argumentaciones ideológicas en favor de un «Estado pequeño», ya que, en nuestro caso particular, este representa un porcentaje por debajo del promedio de la OECD. Esta visión anticuada ha costado caro a contribuyentes y empresarios, quienes ven en este tipo de actividades ilícitas un intento desleal que atenta contra la sana y libre competencia. Hoy en día, todo buen administrador es capacitado en materias como la gobernanza administrativa, que implica dedicar recursos tecnológicos y humanos suficientes para gestionar una gran empresa; de igual manera, el Estado necesita una gobernanza equivalente, lo que requiere una importante inversión en tecnología y talento. Para ello, es necesario abandonar el mantra del "Estado pequeño" y asumir el desafío de construir un Estado funcional y eficiente.
Hagamos un ejercicio de memoria a otros bochornosos casos: Al igual que en el caso Penta y SQM estamos ante otra muestra de la corrupción de nuestras elites que se encuentran en el ámbito privado y político como si se tratara de un almuerzo en la casa de un exalcalde lobbysta. También recordemos que escándalos como estos, pese a la reticencia de quienes podemos llamar como "contactos de Hermosilla", sirvieron para impulsar la ley 20.900 y una serie de controles más estrictos para el financiamiento electoral y gastos en municipalidades.
El caso «Hermosilla» es un llamado de atención urgente para revisar y reforzar los mecanismos de control y regulación financiera en Chile. Es imperativo implementar medidas que aseguren la independencia de las instituciones encargadas de la fiscalización, mejorar los sistemas de detección de actividades sospechosas y determinar responsabilidades, asegurando un castigo ejemplar tanto en lo judicial como en lo relacionado con las instituciones privadas que en el futuro no se vean involucradas en negocios con este tipo de personajes.
Por Ignacio E. Muñoz Ramírez*
Fuente: https://resumen.cl/articulos/el-caso-audios-se-llama-caso-hermosilla
Caso Factop
Síntesis
¿Qué es el Caso Factop? Se trata de un fraude tributario a más de 100 empresas y/o personas, mediante la emisión de casi 10 mil facturas falsas que simulaban una solvencia económica y operaciones de factoring que nunca existieron.
Durante esta semana el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer, Rodrigo Topelberg, Darío Cuadra y Luis Flores por el Caso Factop.
Se trata de uno de los fraudes tributarios de una empresa privada más importantes de los últimos años. La Fiscalía investiga la emisión de 9.970 facturas falsas, que generaron una deuda a sus clientes por $12.988.219.183.
Durante la primera jornada de formalización, la Fiscalía menciona una serie de ejemplo de presuntas víctimas que captaron los imputados para invertir en Factop SpA, con la promesa de una devolución de intereses que nunca llegó.
Por estos años, los hermanos Sauer consiguieron autos de alta gama, adquirieron bienes raíces e hicieron cuantiosos depósitos a cuentas en Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido.
Las claves del Caso Factop, el presunto fraude tributario del clan Sauer
Daniel y Ariel Sauer provienen de una familia de empresarios. Desde hace varias décadas, su padre, tíos y abuelos participaban de exitosos negocios textiles, inmobiliarios, educativos y financieros.
Sin embargo, los dos ingenieros comerciales decidieron hacer su propio camino. En 2003 constituyeron Factop SA (más adelante SpA), una empresa de factoring, un modelo de negocios que permite ingresar una inversión a una empresa para obtener beneficios en el tiempo.
Para este negocio invitaron a un amigo de la infancia, cercano de la familia, Rodrigo Topelberg. Con su arribo, Daniel y Ariel Sauer quedaron con la propiedad de la mitad de la sociedad, mientras su padre, Alberto Sauer, y Topelberg, quedaron con la otra mitad (cada uno tenía 25%).
La Fiscalía menciona que empezaron a captar clientes desde 2008, aunque inicialmente sus actividades eran lícitas. Sin embargo, pronto comenzarían a presentar documentación financiera falsa a sus clientes para presentar una falsa solidez de la empresa.
Supuestamente, tenían una línea de crédito y una importante cartera de inversionistas. Esto se suma a que no tenían autorización legal para realizar las actividades de factoring. Además, usaban a STF como promoción de la solvencia del supuesto negocio, lo que también era engañoso. Así, con la promesa de intereses de entre un 1% a un 2,5% (sobre lo que ofrece el mercado), muchos empezaron a invertir en Factop.
Las millonarias víctimas
Durante la formalización, tanto la Fiscalía como la defensa de algunas víctimas detallaron algunos de los casos donde se inviertieron millonarias sumas en el negocio de los Sauer. Estos nunca fueron devueltos. Algunos ejemplos son:
Sebastián Vargas: Invirtió $190 millones en el fondo «Family Friends», con una promesa de un 1% de ganancia mensual. Aunque le entregaron un cheque como garantía, al momento de solicitar su dinero, este fue protestado por falta de fondos. Perdió $128 millones del total.
Sofía Chomali: Invirtió $350 millones en el mismo fondo. En su caso, el cheque fue protestado por incumplimiento de contrato.
Ricardo Berdicheski: Excompañero de colegio de los Sauer. Invirtió $500 millones en la empresa, aunque al solicitar el rescate de su dinero, este no se materializó por la suspensión de STF Corredores de Bolsa SPA por la CMF.
José Manuel Prida: Realizó una inversión de $500 millones en el fondo Factop Infact, pero no pudo cobrar su cheque de garantía porque la cuenta estaba cerrada. Perdió todo el dinero.
Isaac Burman y Jaqueline Leyton: Invirtieron más de $1 millón de dólares en la empresa, por su cercanía con los imputados. Cuando solicitaron la devolución de los montos, esta no se materializó. Perdieron más de $240 mil dólares.
Carolina González y Carlos Escobar: Pareja que invirtió $153 millones con la promesa de un 1% de ganancia mensual. También fueron estafados por los imputados del caso. El cheque fue protestado por inconformidad de firma.
Ana María Romanov: Cercana de Alberto Sauer que invirtió $92 millones de pesos, y que tampoco recibió la devolución del monto total.
Alejandro Meyer: Amigo de los imputados que invirtió $130 millones, una de las primeras personas que se querelló en contra de Factop por este fraude.
Una serie de delitos económicos
Esto son solo algunos de los casos que se presentaron en la formalización. Aunque, en total, se estima que fueron cerca de 100 empresas y personas las que sufrieron la estafa de los Sauer, mientras sus fondos se destinaban a otras operaciones no declaradas.
Por todo esto, la Fiscalía acusa que los imputados cometieron delitos de estafa, lavado de activos, apropiación indebida y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Esto por transferencias ficticias, manipulación de precios en la bolsa de balores, presentación de registros contables inadecuados, entre otras irregularidades e infracciones a la Ley del Mercado de Valores.
Fuente: https://www.malaespinacheck.cl/pais/2024/04/10/caso-factop-sauer/
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